Por Jacobo Dayán.

El estudio más profundo y serio desde el ángulo del Derecho Penal internacional (DPI) sobre la violencia que se ha vivido en México durante los últimos 10 años es el que recientemente presentó Open Society Justice Initiative (OSJI). El informe se titula Atrocidades innegables. Confrontando Crímenes de lesa humanidad en México1. Es un estudio realizado en conjunto con expertos nacionales y extranjeros y la colaboración de organizaciones de la sociedad civil mexicana.

A diferencia de otros estudios centrados en el derecho penal ordinario o el sistema de derechos humanos, este informe analiza desde el DPI. Los horrores de la Segunda Guerra Mundial dieron el sustento para iniciar un proceso que ha ido conformando al DPI. Su eje rector es proteger los valores trascendentales para la comunidad internacional, en particular aquellos producidos por la violencia desenfrenada y articulada que requieren la corresponsabilidad internacional y no solo la del Estado en la que ocurre, ya que se trata de fenómenos estructurados, organizados y en algunos casos maquillados desde los poderes de facto, sean formales o no. En resumen, se trata de crímenes que agreden la condición humana y que requieren asignar responsabilidades individuales.

El DPI, dentro del Estatuto de Roma, contempla los crímenes de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y el crimen de agresión.

Por crímenes de lesa humanidad o crímenes contra la humanidad, se entiende como cualquiera de los actos siguientes; cuando se cometen como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque:

a) Asesinato; b) Exterminio; c) Esclavitud; d) Deportación o traslado forzoso de población; e) Encarcelación u otra privación grave de la libertad física; f) Tortura; g) Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable; h) Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables; i) Desaparición forzada de personas; j) El crimen de apartheid; k) Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física.

Atrocidades innegables. Confrontando Crímenes de lesa humanidad en México concluye que asesinatos, desapariciones y tortura se cometen como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque. Es decir, hay una base razonable para considerar que en México se cometen crímenes de lesa humanidad.

La constante ha sido la negación y la impunidad. Autoridades de los tres niveles de gobierno han generado una narrativa de negación o criminalización de todas las víctimas. Son años de simulación donde se crean instituciones y promulgan leyes para aparentar acciones que no han redundado en cambios. Se hacen declaraciones para evadir responsabilidades. No se hace justicia, no se garantiza el derecho a la verdad ni a la reparación integral de las víctimas, no hay voluntad para crear un sistema de búsqueda e identificación de desaparecidos, no hay acciones para ubicar fosas clandestinas, no hay estadísticas claras y confiables, no se garantiza la no repetición con un cambio en la política de seguridad y la puesta en marcha de protocolos de uso de la fuerza. Se apuesta por la impunidad, el olvido, el ocultamiento de información y la administración de la crítica nacional e internacional.

En particular, al hablar de fosas se puede estar ante casos de desaparición, tortura y ejecuciones arbitrarias, entre otras.

El informe de OSJI establece que “las cifras oficiales minimizan con creces el número de fosas clandestinas y también sugiere que nadie realmente sabe cuántas existen”.

La Asamblea General de Naciones Unidas aprobó en diciembre de 2005 la Resolución 60/147 Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones. 2

Para la medida de satisfacción se deben realizar, conforme sea posible, todos o parte de las siguientes:

c) La búsqueda de las personas desaparecidas, de las identidades de los niños secuestrados y de los cadáveres de las personas asesinadas, y la ayuda para recuperarlos, identificarlos y volver a inhumarlos según el deseo explícito o presunto de la víctima o las prácticas culturales de su familia y comunidad;

Sobre la proliferación de fosas y la forma en que el Estado ha abordado el fenómeno hay varios diagnósticos.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe Situación de los derechos humanos en México 3 identifica:

Los hallazgos por los familiares de fosas con decenas de cadáveres resaltan que son ellos quienes ante la inoperancia del Estado, han asumido la búsqueda de sus seres queridos, mientras que las autoridades no cumplen con su deber de investigar, encontrar, identificar y entregar a las víctimas con debida diligencia como corresponde.

Los hallazgos de fosas clandestinas y las fosas en cementerios y panteones con decenas de cadáveres en diversas zonas de México han evidenciado que en muchos casos han sido los familiares quienes han tenido que asumir la búsqueda de sus seres queridos, así como múltiples fallas y vacíos en el manejo e identificación de cadáveres, y en la asistencia y protección de los familiares de las víctimas. De acuerdo con la información recabada a lo largo de la visita, la Comisión observó que en múltiples casos de cuerpos hallados en fosas se evidenció la falta de aplicación de protocolos con criterios homologados para el levantamiento de cuerpos, custodia del lugar, cadena de custodia, necropsias, atención a familiares de las víctimas, identificación de restos encontrados, entre otros. Cuando se localizan los restos de una persona, los familiares reportan dificultades para recibirlos de manera adecuada, con certeza sobre su identidad, y de manera digna.

IMG_959130-05-2016 Fosas clandestinas Tetelcingo

Fotografía de Comunicación Institucional UAEM

 

Por su parte, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH sobre el caso Ayotzinapa estableció en su informe final4:

El GIEI valora muy positivamente el esfuerzo realizado para la búsqueda en los últimos meses. Esos procesos han llevado a descubrir algunas nuevas fosas, mostrando el problema más amplio de personas desaparecidas en la región.

No se cuenta con un mapa de fosas de cadáveres y restos óseos hallados en Iguala y lugares aledaños.

Es imprescindible establecer un Programa Nacional de Exhumaciones, con el propósito que éstas se lleven a cabo en el menor tiempo posible y con medios profesionales que permitan esclarecer la identidad de esas personas y se adelanten las investigaciones respectivas. Dicho Programa debe, entre otras, garantizar el resguardo y clasificación de los restos y levantar un mapeo de fosas comunes y proceder a su exhumación conforme a los estándares establecidos en el Protocolo de Minnesota (Protocolo modelo para la investigación legal de ejecuciones extralegales, arbitrarias y sumarias).

El trato y conservación de los cuerpos, cadáveres y restos óseos amerita cuidados particulares, ya que son indispensables para la investigación y también para garantizar una eventual reparación digna. La información sobre las fosas, cuerpos encontrados y los hechos que se han investido como parte de la evidencia recogida son elementos clave de la investigación de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. Las diligencias de exhumaciones e inhumaciones se hacen sin tener en cuenta la información y el respeto que merecen los familiares. El análisis de ese conjunto de información es clave y desde el inicio de su trabajo el GIEI ha pedido los mapas de fosas y no sólo la identificación de los cuerpos, sino el modus operandi de los perpetradores y las pruebas que pueden encontrarse ahí como escenas del crimen. En otro apartado de este Informe se ilustran con detalle las vicisitudes.

Se debe permitir el acceso a familiares de las víctimas a los sitios en donde se localicen restos humanos, como un derecho a conocer la verdad, sin interferir en el trabajo de las autoridades o peritos, cuando se tenga una información fiable y evitando afectar la escena. Además, se debe definir la responsabilidad de los profesionales de aplicar los protocolos internacionales en el cuidado de la evidencia, aspecto relevante debido a las diversas situaciones que se han presentado y a la falta de coordinación entre las instancias estatales y federales.

Los hallazgos en el informe de OSJI son similares:

En todo caso, las estadísticas oficiales sobre los asesinatos subestiman el verdadero saldo: decenas de miles de desapariciones siguen sin resolverse y existen cientos de fosas comunes clandestinas que no han sido suficientemente investigadas.

El gobierno prácticamente no ha realizado esfuerzo sistemático alguno para ubicar las fosas comunes clandestinas, o para exhumar y contabilizar los cuerpos en las decenas de fosas que se han encontrado a lo largo y ancho del país.

Los cientos de fosas comunes y fosas clandestinas existentes a lo largo y ancho de México pueden ayudar a explicar la razón por la que los datos sobre asesinatos resultan tan dispares e imprecisos. Sin embargo, antes de analizar cuántas personas podrían estar enterradas en este tipo de fosas, es importante distinguir entre las fosas comunes públicas y las fosas clandestinas.

Las fosas comunes públicas funcionan como un repositorio utilizado por las autoridades para enterrar los cadáveres no identificados en cementerios públicos. Una estimación conservadora sugiere que entre 2006 y finales de 2012, las autoridades estatales y municipales enviaron un total de 24,000 cuerpos no identificados a entierros en masa en cementerios públicos. La ley establece que los funcionarios están obligados a identificar todos los cadáveres y restos humanos encontrados en todo el país, y ninguno de estos debería ser enterrado sin un certificado de defunción oficial. Las autoridades administrativas y procesales están obligadas a informarse entre sí acerca de los casos que podrían requerir la apertura de una investigación penal o la emisión de un certificado de defunción, así como a notificarse entre sí acerca de casos potenciales de muertes violentas. No obstante, en la práctica, los procedimientos legales relativos al manejo de cadáveres y restos humanos no se cumplen, y las autoridades carecen de registros adecuados sobre estos casos. Por ejemplo, en diciembre de 2015, se descubrió que la Fiscalía General de Morelos había enterrado ilegalmente 150 cadáveres no identificados en una fosa clandestina. Estas prácticas imposibilitan cualquier tarea destinada a identificar el número de cadáveres que podrían corresponder a víctimas de homicidios que no se han visto reflejadas en las estadísticas oficiales.

Uno de los elementos contemplados en el Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas anunciado por el gobierno en julio de 2014 es la creación de un registro unificado de las fosas comunes. No se ha puesto ningún dato del registro a disposición del público y la metodología es poco clara. En respuesta a una solicitud de acceso a la información presentada por Open Society Justice Initiative sobre la implementación del registro en 2014, la PGR respondió que “el registro unificado de fosas comunes consiste en identificar a todos los cementerios existentes en el país que tengan este tipo de fosas”. De esta respuesta puede concluirse claramente que el registro únicamente tiene por objetivo capturar datos sobre las fosas comunes públicas.

Por el contrario, las fosas clandestinas, que podrían tener uno o más cadáveres, no tienen ningún estatus legal. Existen razones poderosas para sospechar que las personas enterradas de semejante manera han sido víctimas de homicidio. A septiembre de 2015, la PGR reconoció que desde 2006 se habían descubierto 201 fosas clandestinas con 662 cadáveres.

Las solicitudes de acceso a la información de un periodista al gobierno federal y las 32 entidades federales arrojaron datos muy divergentes de las agencias federales, así como datos incompletos de los estados. Esta investigación sugiere que las cifras oficiales minimizan con creces el número de fosas clandestinas y también sugiere que nadie realmente sabe cuántas existen. Se destaca el hecho de que no existen requisitos claros para que los estados informen al gobierno de estas fosas clandestinas, y el gobierno federal no mantiene una base de datos exhaustiva sobre las mismas. Por lo tanto, hay un número significativo de víctimas anónimas que siguen siendo invisibles en las estadísticas oficiales de homicidios.

Adicionalmente al fenómeno de la desaparición, mientras no se realicen los trabajos adecuados apegados a la ley y a los estándares internacionales, se seguirán sin resolver los casos que podrían estar ligados a tortura y ejecuciones arbitrarias.

¿Las fosas de Tetelcingo son parte de estos ataques generalizados o sistemáticos contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque?

Sobre el informe presentado por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos en relación con la exhumación de los cuerpos de la fosas de Tetelcingo se puede trazar una línea clara para vincular ese caso como uno más de las prácticas generalizadas o sistemáticas a las que hace referencia el informe de OSJI.

Del 23 de mayo al 3 de junio de 2016, se llevó a cabo el proceso de apertura de las fosas. Como resultado de esta diligencia, según lo observado por las víctimas y las organizaciones que participaron en ella, se reporta lo siguiente:

  1. Se encontraron 117 cuerpos enterrados como basura en dos fosas que no se encontraban localizadas con precisión, entre ellos los de tres menores. Lo que suma un cuerpo más a los 116 que, según la Fiscalía, había enterrados en las fosas de Tetelcingo. Se encontraron, además, nueve bolsas con 12 restos de otros cuerpos, de los cuales no existía registro alguno y a los que se les abrió carpeta de investigación. Todos los cuerpos exhumados corresponden a delitos cometidos entre 2010 y 2013.
  2. Hay una diferencia entre los 117 cuerpos y los 150 que se inhumaron el 28 de marzo de 2014, según la tarjeta informativa de la Dirección de la Policía Preventiva Municipal, Mando Único de Cuautla. Los cuerpos restantes, presumiblemente estarían depositados en una tercera fosa, de acuerdo con el expediente de Oliver Wenceslao Navarrete Hernández y con la mencionada tarjeta informativa.
  3. De los 117 cuerpos exhumados, 34 no tenían o no estaban vinculados a carpeta de investigación alguna, por lo que se les asignó un número de carpeta de investigación. Lo que contradice contundentemente lo afirmado públicamente por el gobernador Graco Luis Ramírez Garrido Abreu el 6 de diciembre de 2015 y por el fiscal Javier Pérez Durón el 26 de noviembre de 2015.
  4. Algunos cuerpos no tenían la necropsia de ley; otros más habían sido mutilados y/o presentaban huellas de malos tratos, inhumanos y degradantes. Otros presentaban heridas por proyectil de arma de fuego; otros de ellos, conservaban sus ropas y pertenencias personales que son fundamentales para su identificación y la persecución del delito.
  5. Es importante mencionar también que se encontraron cuerpos identificados con nombre y apellidos, de los cuales se conocía su procedencia. La Fiscalía nunca ha informado qué acciones llevó a cabo para dar con el paradero de sus familias.

Es evidente que las fosas de Tetelcingo mantienen los elementos que han sido diagnosticados a nivel nacional por distintos instituciones y organizaciones, y que forman parte del patrón generalizado a que hacen referencia, entre ellos:

 Las autoridades no cumplen con su deber de investigar, encontrar, identificar y entregar a las víctimas con adecuada diligencia.

  • Hay múltiples fallas y vacíos en el manejo e identificación de cadáveres, y en la asistencia y protección de los familiares de las víctimas.
  • No se hace un esfuerzo claro por localizar a los familiares de las víctimas identificadas. Los familiares siguen buscando a sus desaparecidos mientras el Estado los oculta.
  • Hay una falta de aplicación de protocolos para el manejo de cadáveres, restos y fosas. El Estado carece de registros adecuados.
  • No se realiza el trabajo necesario para identificar todos los cadáveres y restos humanos encontrados y se continúa enterrando sin certificados de defunción oficial.

El país vive una crisis humanitaria sin precedentes un nuestra historia. Cientos de miles de víctimas son olvidadas por el Estado.

Las instituciones y capacidades del Estado están rebasadas y en muchas ocasiones la colusión con el crimen los hace parte del problema. OSJI presenta una alternativa: “la creación de una entidad de investigación internacional, con sede en México, que tenga el poder de investigar y procesar causas de manera independiente en materia de crímenes atroces y casos de gran corrupción… Este órgano también puede brindar asistencia técnica a la Procuraduría General de la República / Fiscalía y a la policía de investigaciones; desarrollar propuestas de reforma para el sector judicial para su consideración por parte del gobierno mexicano, el Congreso y el público; y elaborar informes públicos sobre el estado de las reformas del sector judicial y el estado de derecho en México”.


1 Disponible en https://www.opensocietyfoundations.org/reports/undeniable-atrocities-confronting-crimes-against-humanity-mexico/es
2 Disponible en http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/RemedyAndReparation.aspx
3 Disponible en http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Mexico2016-es.pdf
4 Disponible en https://drive.google.com/file/d/0B3wuz7S3S9urNFFlZUNMSldQUlk/view