Por:  Zara Snapp y Jorge Herrera Valderrábano

Durante los últimos años, la discusión sobre la necesidad de reformar la política de drogas es un tema que ha tenido cada vez más prioridad en la agenda internacional, pero sobre todo, en las discusiones legislativas domésticas de un creciente número de países. La política prohibicionista hacia las drogas ha tenido un evidente impacto negativo, desde la insuficiencia por asegurar el acceso a medicamentos, hasta las violaciones a los PAGE 1derechos humanos por la latente guerra contra el narcotráfico en ciertos países. Los países, particularmente México, han atascado las cárceles con gente acusada por crímenes menores relacionados con drogas, lo cual se traduce en un desperdicio de recursos y esfuerzos. Las cosas están empezando a cambiar. Existe un movimiento que ha enfatizado la necesidad de hablar de una reforma a las políticas de drogas con el fin de priorizar recursos y administrarlos para perseguir delitos de alto impacto, en lugar de seguir criminalizando a consumidores.

México es uno de los países que ha experimentado los efectos más devastadores de la prohibición de las drogas, en dos sentidos. Desde 2006, el gobierno mexicano ha mantenido una política de militarización de la seguridad pública para combatir el narcotráfico. Asimismo, la legislación respecto al tema criminaliza al usuario y da pie a lagunas legales que han provocado que los consumidores sean tratados y condenadoscomo narcomenudistas. Lo anterior está teniendo impactos negativos en el desarrollo económico, político y social del país.

Durante el gobierno de Felipe Calderón, comenzó la llamada guerra contra el narcoen el país. El 8 de diciembre de 2006, se ordenó el despliegue de 4 mil 200 elementos del Ejército, mil elementos de la Armada, mil 400 policías federales y 50 agentes del Ministerio Público. En ese sexenio, el Presidente incrementó 50 por ciento el gasto en seguridad del gobierno federal, fortaleciendo la Secretaría de Seguridad Pública Federal y a la Policía Federal1. El despliegue de fuerzas militares en el país representó un sinfín de violaciones a derechos humanos y decenas de miles de muertos, de los cuales, hasta ahora no se han podido generar cifras congruentes. El gobierno federal admite que entre 2006 y 2012 se registraron más de 47,500 decesos totales, mientras la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) estima una cifra de 46 mil muertos2. Las cifras no parecen ser tan distantes, hasta que se presenta la estimación de las organizaciones de la sociedad civil y los medios de información independientes, los cuales indican que la cifra está entre 60 mil y 120,000 mil muertes relacionadas con el crimen organizado3. Los decesos registrados se deben, en gran parte, a la violencia generada por el conflicto entre el crimen organizado y los cuerpos de seguridad del país.

Ilustración de Natalia Pájaro

Ilustración de Natalia Pájaro

Las violaciones a derechos humanos por la guerra contra el narcotráfico es un tema que arroja cifras alarmantes. El despliegue del Ejército y la Marina para las tareas de combate a la delincuencia organizada significó el uso excesivo de la fuerza, que a su vez se ha traducido en un incremento considerable en los casos de detenciones arbitrarias, tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. A lo largo del sexenio del Presidente Felipe Calderón aumentaron 500% los casos de tortura en el país4. Asimismo, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se registró un aumento sostenido en el número de quejas recibidas sobre desapariciones forzadas, pasando de cuatro en el 2006 a 77 en 20105. La política de militarización en el combate al narcotráfico en México ha provocado mayor inseguridad en las calles, homicidios, violaciones a derechos humanos y una impunidad que deja mucho que desear por el gobierno mexicano.

Las decisiones del poder ejecutivo en torno al tema no son lo único que atentan al desarrollo del país, sino su propia legislación también. En 2009, se aprobó un paquete legislativo conocido como Ley contra el narcomenudeo, la cual, estableció en la Ley General de Salud una Tabla de Orientación de Dosis Máximas y Consumo Personalen la que se establecieron cantidades máximas de posesión que se pueden considerar como dosis para consumo personal y que no son castigados con penas de prisión. Por encima de dichas cantidades, la posesión de sustancias ilícitas es considerada como narcomenudeo dentro de la competencia estatal, y cuando la posesión de las mismas es 1000 veces más lo establecido en la tabla, se considera narcotráfico, quedando en el ámbito de competencia federal6.

Las cantidades permitidas en la tabla son simplemente absurdas. En el caso de cannabis, se establece que la dosis máxima de consumo es de 5 gramos, mientras que de cocaína es medio gramo, sin mencionar las demás. La legislación no tomó en cuenta el contexto social y el mercado negro, ya que por ejemplo, en el caso de la cocaína, ésta se vende por gramo ganándose su famoso apodo grapa”–. De este modo, es prácticamente imposible que una persona se adhiera a las limitantes establecidas en la ley.

Otro punto relevante, es que la ley prohíbe sembrar, cultivar, comerciar, poseer, enajenar, o ministrar gratuitamente ninguna droga. Lo anterior es preocupante, ya que existe una contradicción. Por un lado, existe la posibilidad de poseer ciertas cantidades de drogas para uso personal, pero no te es permitido conseguirla de ninguna forma. Es así que el simple hecho de poseer la sustancia te vuelve en un criminal, puesto que necesariamente tuviste que delinquir para conseguirla. Lo anterior genera incertidumbre legal respecto al tema, y peor aún, no protege al consumidor en su totalidad. Forzar a que una persona tenga que recurrir al mercado negro, para conseguir una droga, es algo que pone en peligro a la sociedad, tanto por el lado legal, como por el de seguridad.

Por último, la legislación y la situación de impunidad y corrupción por parte de las autoridades, permite que se trate como narcomenudista, a un simple consumidor. Las dosis de las tablas han sido fuertemente criticada, no solo por la situación del mercado negro en cuanto al gramaje de venta, sino porque las cantidades tan pequeñas en la tabla permiten que para las autoridades sea muy fácil sembrar mayor cantidad de drogas al consumidor, y hacerlo candidato a un proceso criminal, con el fin de sentenciarlo como narcomenudista o en la mayoría de los casos, extorsionar a usuarios.

La política de seguridad, por medio del despliegue de fuerzas militares en labores de seguridad contra el crimen organizado, particularmente el narcotráfico; y la legislación en el país han generado un ambiente de violencia, incertidumbre e impunidad que sigue presente hasta ahora en México. Un creciente número de organizaciones de la sociedad civil han logrado levantar la voz para cambiar la política de drogas en el país, y el movimiento, ha comenzado a escucharse.

Los esfuerzos generados a nivel nacional, han surtido efectos, aunque no son suficientes. En 2015, la Sociedad Mexicana de Auto-consumo Responsable y Tolerante A.C. (SMART) tramitó un amparo ante el Poder Judicial de la Federación para poder sembrar, transportar y consumir marihuana, por la inconstitucionalidad de las leyes que prohíben el mercado y cultivo de la planta, argumentando que la prohibición al consumo de marihuana viola el derecho a elegir. Debido a esto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación realizó un fallo histórico, permitiendo el auto-cultivo a los quejosos. Sin embargo, la decisión está lejos de implicar la legalización o regulación de la cannabis, ya que solo afecta las cuatro personas que presentaron el amparo, y que la Suprema Corte decidió otorgar, podrán consumir, sembrar, poseer y transportar cannabis con fines recreativos y lúdicos7. El amparo implica únicamente a los cuatro quejosos, puesto que no se ordenó la modificación de ninguna ley de salud, por lo que el resto de los mexicanos no podrán gozar de los mismos derechos. Asimismo, la sentencia declara inconstitucional cinco artículos de la Ley General de Salud, que violan el derecho de los ciudadanos al libre desarrollo de la personalidad. Esto representa un precedente, aunque no es suficiente. Los derechos deberían ser para todos, y no solo para cuatro personas, se necesita una regulación efectiva y responsable, que sea aplicable a todos los ciudadanos.

En diciembre de 2015, el presidente Enrique Peña Nieto instruyó a la Secretaría de Gobernación a diseñar y llevar a cabo una serie de debates titulado Debate Nacional Sobre el Uso de la Marihuana. Éste convoca a personas especialistas, investigadoras, académicas, profesionales de la medicina, derecho, psicología, integrantes de organizaciones de la sociedad civil y otras personas con calificación técnica, a participar8. Se organizaron 5 mesas de debate alrededor del país en lo que se tocaron los siguientes temas: salud pública y prevención; ética y derechos humanos; aspectos económicos y de regulación; y seguridad ciudadana

Sobre el debate, las organizaciones de la sociedad civil redactaron una carta al Presidente, expresando su descontento. Por un lado, el foro indica que el uso de marihuana es debatible, cuando es una realidad existente y que debe atenderse, en vez de una situación discutible. En segundo lugar, no se reconocen los últimos avances nacionales sobre el tema, debido a que no se tiene contemplado hablar sobre el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad. Por último, la división de las mesas es arbitraria e infundada9. La discusión a la que se convoca debe girar en torno a la dirección y las formas en que debe reformarse la regulación de la marihuana, así como las políticas públicas sobre drogas adecuadas, respetando los derechos fundamentales. Algunas organizaciones especializadas en el tema, han decidido no participar en estos debates, como símbolo de su rechazo a la incorrecta organización de los mismos.

Ilustración de Natalia Pájaro

Ilustración de Natalia Pájaro

 

Paralelo a los foros de la Secretaría de Gobernación, el Congreso de la Unión realizó una serie de audiencias públicas sobre la marihuana, presentando ejemplos de la legislación de 13 países que permiten o restringen el uso de la planta10. Los foros están divididos de la siguiente manera: regulación en el consumo, auto-producción y derechos humanos; regulación en el contexto internacional, regulación en relación con la política criminal y el sistema penitenciario; regulación en relación con la seguridad pública; y regulación en relación a su uso medicinal o terapéutico.

Dichas audiencias permiten que se genere un espacio mucho más inclusivo, en el que se fomenta un debate plural y abierto. El reto ahora, es que la información vertida en los foros, se aterricen en propuestas legislativas y de políticas públicas que vayan mucho más allá de la posibilidad de importar productos de cannabidiol (CBD) y que incluya el uso de la droga para fines lúdicos y no-medicos, considerando el auto-cultivo o aún mejor, la posibilidad de la existencia de clubes cannábicos o por parte de dispensarios, permitiendo que el Estado regule la sustancia.

Estos han sido los esfuerzos nacionales, hasta el momento, llevados a cabo por una regulación de las drogas en el país. A nivel internacional, en 2012, México junto con Guatemala y Colombia hizo un llamado a la comunidad internacional para que se hiciera una revisión del control de drogas en 2016, en vista de las nuevas dimensiones del fenómeno y la necesidad de trabajar para contrarrestar y prevenir la violencia y consecuencias negativas para la salud, la economía, los derechos humanos y la impartición de justicia. Desde esta petición, el país ha llevado un discurso bastante progresista en los foros y conferencias internacionales.

La Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGASS por sus siglas en ingles) sobre drogas que se llevará a cabo en abril de 2016 es el único espacio donde los 193 estados miembros de la ONU podrán debatir respecto a la situación de la política de drogas actual en el mundo. La última vez que una sesión especial sobre este tema tuvo lugar fue en 1998, resultando en un acuerdo conjunto para la eliminación total de las drogas en el planeta. Se espera mucho de la próxima UNGASS 2016 sobre drogas, por parte tanto de la sociedad civil, como de los países preocupados por tomar en cuenta las necesidades de salud pública y los derechos humanos de sus habitantes11.

El 59 Periodo de sesiones de la Comisión de Estupefacientes, así como también la sesión preparatoria para la UNGASS, tendrán lugar del 14 al 22 de marzo de 2016 en Viena, Austria. La Comisión se reúne cada año para discutir el estado global del control de drogas y adoptar resoluciones para guiar el camino hacia delante. Se espera que México impulse un nuevo lenguaje en el debate internacional sobre tráfico y consumo de drogas, que apunte a reconocer que los actuales enfoques prohibitivos han fracasado en abatir tanto el abuso como el comercio de estas sustancias y que han tenido devastadores daños sociales. Se han llevado a cabo negociaciones sobre el documento final en Viena,  con claros llamados a mayor transparencia y participación por la falta de representación física de alrededor de 70 países en Viena. Además, ha habido una negación a incluir ciertos temas como la reducción de daños, de abrir espacios a derechos humanos, y un reconocimiento de los avances que ya se han hecho, como la regulación del mercado de cannabis en algunas jurisdicciones.

La Comisión Global de Políticas de Drogas es una organización internacional conformada por 23 líderes e intelectuales mundiales incluyendo a Kofi Annan, Ex Secretario General de la ONU, el reconocido escritor Mario Vargas Llosa, y el Ex Presidente de México Ernesto Zedillo, entre otros, con los objetivos de examinar la eficacia y consecuencias de la guerra contra las drogas; evaluar los riesgos y beneficios de los distintos enfoques a nivel internacional del problema de las drogas; y desarrollar recomendaciones prácticas basadas en la evidencia, para generar una reforma a la actual política frente a las drogas que resuelva los problemas alrededor de este tema de forma efectiva. La organización ha mantenido una postura y representación efectiva en los foros internacionales, proponiendo una serie de prioridades que deben considerarse al momento de reformar la política internacional de drogas, y que deben ser incluidos en la declaración final de UNGASS:

Invertir en medidas de prevención, tratamiento y reducción de daños basados en evidencia como piedras angulares en la política de drogas.

Asegurar el acceso equitativo a medicamentos esenciales que alivien el dolor y el sufrimiento evitable e innecesario.

Dar fin a la criminalización y encarcelamiento por el consumo y posesión de drogas para uso personal.

Abolir la pena de muerte por delitos relacionados con drogas.

Re-dirigir el cumplimiento de la ley para alejar a los participantes no violentos en el tráfico de drogas, combatiendo la violencia, la corrupción y el crimen organizado.

Re-equilibrar las políticas represivas lejos de erradicar los cultivos y arrestar a los agricultores para promover el desarrollo comunitario; y

Empoderar a la Organización Mundial de Salud para que revise el sistema de fiscalización de drogas con una base de evidencia científica.

La comunidad internacional tiene la oportunidad de cambiar la política internacional de drogas. La guerra contra las drogas ha fracasado, y los países han comenzado a darse cuenta de esto. Se necesita reconocer que la política prohibicionista hacia las drogas ha generado daños sociales e economicos, impidiendo el desarrollo, la salud pública y los derechos humanos. La política de drogas debe estar basada en evidencia científica, protegiendo los derechos humanos y centrándose en la salud pública, en lugar de estar guiada por viejos tabúes que han perjudicado más de lo que han beneficiado. Es el momento para actuar.


1 Aristegui, Carmen, Seis años después: miles de muertos y un Estado más vulnerable, Aristegui Noticias, México 26 de noviembre de 2012 http://aristeguinoticias.com/2611/mexico/seis-anos-despues-miles-de-muertos-y-un-estado-mas-vulnerable/ (fecha de consulta: 19 de febrero de 2016)
2 Segob: 70 mil muertos con Calderón, La Redacción, Revista Proceso, México 15 de febrero de 2016, http://www.proceso.com.mx/333688/segob-70-mil-muertos-con-calderon (fecha de consulta: 19 de febrero de 2016)
3 Rosen, Jonathan y Roberto Zepeda, La guerra contra el narcotráfico en México: una guerra perdidaRevista Reflexiones, num. 1 , mayo-julio 2014
4 Fuera de control tortura y otros malos tratos en México, Amnistía Internacional, 2014 http://amnistia.org.mx/nuevo/wp-content/uploads/2014/09/INFORME_TORTURA_AIM.pdf (fecha de consulta: 20 de febrero de 2016)
5 Naciones Unidas, Informe del Grupo de Trabajo Sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, Consejo de Derechos Humanos, 20 de diciembre de 2011,  http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session19/A-HRC-19-58-Add2_sp.pdf (fecha de consulta: 20 de febrero de 2016)
6 Ley General de Salud, Congreso de la República, última reforma 12 de noviembre de 2015, México
7 Zaldívar, Arturo, Amparo 237/2014, México 2014, http://www.sitioswwweb.com/miguel/Amparo_en_Revisio__769_n_237-2014.pdf
8 Debate Nacional sobre el uso de la marihuana, Secretaría de Gobernación, México http://www.gob.mx/debatemarihuana (fecha de consulta: 20 de febrero de 2016)
9 Marihuana: lo que sigue es regular, Insyde, México 14 de diciembre de 2015, http://insyde.org.mx/wp-content/uploads/Marihuana-lo-que-sigue-es-regular.pdf (fecha de consulta: 20 de febrero de 2016)
10 Audiencias públicas para las alternativas de regulación de la marihuana. Congreso de la Unión, México http://www.diputados.gob.mx/Regulacion_marihuana.html (fecha de consulta: 20 de febrero)
11 The Road to UNGASS 2016, International Drug Policy Consortium, https://www.unodc.org/documents/ungass2016/Contributions/Civil/IDCP/UNGASS-asks_External_09-2014_ENGLISH.pdf (fecha de consulta: 20 de febrero de 2016)