Por: Michael W. Chamberlin

La Ley de Víctimas para el Estado de Coahuila de Zaragoza, fue publicada en el Periódico Oficial del Estado, diecisiete meses después de la publicación de la Ley General de Víctimas (9 de enero de 2013), el viernes 2 de mayo de 2014 y cobró vigencia al día siguiente. No obstante, su operación plena se preveía hacia el año fiscal del 2015, ya que existiese una partida presupuestal para su funcionamiento y se haya designado a sus miembros y su estructura. Al momento que se escribe el presente artículo, la Comisión Estatal de Atención a Víctimas sigue en integración.

La ley de víctimas de Coahuila sólo pretende dar cauce a la Ley General de Víctimas, tiene los mismos propósitos, reconoce los mismos derechos incluyendo ordenamientos estatales que los retoman, crea instancias locales a semejanza de las federales: un Sistema Estatal de Atención y Protección a Víctimas, un Programa Estatal de Atención a Víctimas, una Comisión Ejecutiva, etc., y crea igualmente un Registro Estatal de Víctimas, un Fondo Estatal de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, y una Asesoría Jurídica.

La Ley de Víctimas para el Estado de Coahuila de Zaragoza responde pues a una obligación derivada de la Ley General de Víctimas, no establece novedades con respecto a ésta.

Si se trata de mirar la legislación existente en el estado, para la atención de víctimas, vale más la pena echar un ojo al conjunto de disposiciones legales que se han creado para las víctimas de desaparición y sus familias, como producto de los movimientos de víctimas del estado. Este ejercicio es un modelo de creación de política pública con participación de los afectados.

Graciela-Mexico quiero conocerte

Desapariciones forzadas en Coahuila

A partir del aumento de la violencia en el norte del país, en el 2009 empezaron a llegar al Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios AC (CDDH Fray Juan o Centro Fray Juan) de Saltillo, familiares de personas desaparecidas en Coahuila para pedir apoyo en búsqueda de sus seres queridos. Muchas de estas familias se habían encontrado en hospitales, cárceles, servicios médicos forenses, psiquiátricos, iglesias, etc., buscando a sus familiares, estigmatizados como delincuentes y sin ninguna solidaridad. En diciembre del 2009 el Centro Fray Juan de Larios convocó al Primer Encuentro de Familias de Personas Desaparecidas y de allí surge Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y en México (FUUNDEC/M) conformada por 15 familias que buscaban a 21 personas desaparecidas en Coahuila (15 originarios de Estado de México y Jalisco, y 6 de Coahuila). En la actualidad están organizadas en FUUNDEC/M aproximadamente 120 familias que buscan a más de 400 personas desaparecidas en diferentes estados de la Republica, la mayoría de ellos son hombres de entre 19 y 35 años.

En marzo del 2011, en el marco de su visita a México, el Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas e Involuntarias de Naciones Unidas (GTDFI) se entrevistó con FUUNDEC/M y el Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, en Saltillo, Coahuila. A raíz de las recomendaciones del informe de su visita1, en septiembre de 2012 se firma un acuerdo entre FUUNDEC/M y el Gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, para conformar un Grupo Autónomo de Trabajo (en adelante GAT) conformado por cinco integrantes: un representante del gobernador, un representante de las familias, dos representantes de las organizaciones no gubernamentales (ONG) acompañantes del proceso (el Centro Fray Juan de Larios y el Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi AC, de Torreón) y un representante de la Oficina en México de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con el mandato de apoyar en la implementación de las recomendaciones del GTDFI de la ONU2, generando propuestas de legislación y/o política pública; y se crea la Subprocuraduría para personas no localizadas y atención a las familias de desaparecidos.

Con este mandato en junio de 2013 se convoca en Saltillo al Foro Internacional sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de Personas en México, por FUUNDEC/M, el Gobierno del Estado y el GAT. Como resultado del foro de crearon tres mesas de trabajo integradas por familias de FUUNDEC/M, miembros del Centro Fray Juan de Larios, miembros del Grupo Autónomo de Trabajo y autoridades estatales y federales: Mesa de Armonización Legislativa, Mesa de Atención Humanitaria y Mesa de Investigación y Búsqueda, que siguen activas hasta la fecha y cuyos trabajos son monitoreados en audiencias bimestrales entre las familias, el gobierno del estado de Coahuila y dependencias federales como Secretaría de Gobernación y la Procuraduría General de la República, entre otros.

Como resultado del Foro y del posterior trabajo en la Mesa de Atención Humanitaria y la Mesa de Armonización Legislativa, respectivamente, el 11 de diciembre de 2013 se publica en el Periódico Oficial el Decreto por el cual se crea el Programa Integral de Atención a Familiares de Personas Desaparecidas (PROFADE)3, y el 20 de mayo de 2014 se publica en el Periódico Oficial de Coahuila4 el paquete de reformas a la Constitución del Estado para prohibir la desaparición de personas, al Código Penal para la creación del tipo penal de desapariciones y se publicó la Ley de Declaración de Ausencia por Desaparición.

El programa integral de atención a familiares de personas desaparecidas

Antes de mirar el contenido del Programa Integral de Atención a Familiares de Personas Desaparecidas (PROFADE) en el que ya se reconocen derechos de las víctimas, vale la pena transcribir los considerandos del decreto que reflejan el caminar de las familias de personas desaparecidas en su lucha por encontrar a sus familiares y en el reconocimiento de sus derechos:

Considerando

Que el contexto de violencia e inseguridad pública que en los últimos años se ha presentado en México por el combate a la delincuencia organizada, ha generado de manera paralela el problema de la desaparición de personas como una de las más graves violaciones de derechos humanos.

Que en el Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, en adelante ONU (…),se emitieron a México las recomendaciones (…) entre las que destacan la obligación del Estado mexicano de: i) tomar medidas institucionales y legales adecuadas y eficaces para responder al problema de las desapariciones forzadas; ii) implementar las recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas e Involuntarias en México; y, iii) garantizar la reparación integral a todas las víctimas, en particular a las familias de las personas desaparecidas.

Que desde el año de 2011, se ha aceptado implementar (…), las recomendaciones generales y particulares del Informe de Misión a México del Grupo de Trabajo de la ONU sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias.

Que (…) se constituyó en Coahuila el Grupo de Trabajo de carácter autónomo para darle seguimiento a las recomendaciones de la ONU (…).

Que entre otras recomendaciones (…) el Gobernador del Estado aceptó la propuesta consensuada (…) de crear el Programa Integral de Atención a Familiares de Personas Desaparecidas (en adelante PROFADE), (…).

Que el PROFADE es resultado de las diversas propuestas del Foro Internacional sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias en México (…).

Por todo lo expuesto y fundado, se expide el siguiente:

DECRETO POR EL QUE SE CREA EL PROGRAMA INTEGRAL DE ATENCIÓN A FAMILIARES DE PERSONAS DESAPARECIDAS 5

El decreto pretende atender las necesidades más acuciantes de las familias, particularmente de aquellas cuyo familiar desaparecido fungía como sostén de la familia, que no son pocos. De acuerdo a los casos documentados por el Centro Fray Juan6 en su mayoría las personas desaparecidas son hombres entre 19 y 35 años, en plena edad productiva, muchos de ellos con familias y en el proceso de integrar un patrimonio, lo que implica obligaciones contraídas de carácter civil y mercantil en muchos casos.

De acuerdo al artículo primero del decreto, el PROFADE se crea para “garantizar de manera integral el derecho a la reparación efectiva de las familias de las personas desaparecidas”. Es en este sentido un primer instrumento de atención a víctimas anterior a la ley de víctimas del estado.

El programa está a cargo de la Unidad de Derechos Humanos del Ejecutivo del Estado aunque es un Comité Técnico a partir de un Diagnóstico que realice quien propondrá “las acciones concretas y preferenciales” a fin que la Secretaría de Finanzas provea y ajuste las partidas presupuestales que resulten necesarias7. El Comité Técnico, de acuerdo al artículo 3 del Decreto, tiene la función de “interpretación, ejecución y evaluación del PROFADE y hacer recomendaciones de política pública a fin con el objeto del Programa (artículo 4). Se integra por: el titular de la Unidad de Derechos Humanos (del ejecutivo del estado), la Procuraduría General de Justicia del Estado, las Secretarías de Salud, Trabajo y Educación respectivamente, un representante del GAT para el seguimiento de las recomendaciones del GTDFI, y dos representantes de FUUNDEC (artículo 2).

El decreto señala que el PROFADE tiene el propósito “en especial para que las autoridades del Estado de Coahuila de Zaragoza tomen las medidas apropiadas para asegurar de manera real y efectiva los derechos de alimentación, trabajo, educación, salud, vivienda y demás derechos humanos que resulten vulnerados con motivo de las desapariciones de personas que prohíbe la Constitución, los tratados internacionales y demás leyes”8. Sin ser propiamente un instrumento de reparación (que tendría que señalar el órgano jurisdiccional como resultado de una sentencia), atiende los derechos vulnerados a raíz de la desaparición, de manera similar a la ley general de víctimas y su homóloga en el estado.

El contenido de los derechos que reconoce son:

Artículo 8. [Derecho a la alimentación]

Los familiares de las personas desaparecidas tienen derecho a que el Estado garantice una alimentación adecuada, suficiente y en calidad a personas que, por su edad o situación vulnerable, se encuentren en un estado de atención prioritaria en virtud de las consecuencias de la desaparición.

Los niños, niñas y personas adultas mayores tendrán acceso a acciones específicas y apropiadas por parte del Gobierno del Estado, a través de las instancias competentes, para garantizar su derecho a la alimentación.

Artículo 9. [Derecho al trabajo]

Los familiares de las personas desaparecidas tienen derecho a que el Estado garantice condiciones de acceso y de permanencia, sin discriminación, a un trabajo digno que le permita satisfacer sus necesidades básicas de acuerdo a su experiencia y sus capacidades.

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría del Trabajo, deberá promover e instrumentar acciones específicas y apropiadas para garantizar la inclusión, permanencia y mejoramiento de las condiciones laborales de las familias de personas desaparecidas.

Artículo 10. [Derecho a la educación]

Los familiares de las personas desaparecidas tienen derecho a que el Estado garantice acciones concretas para asegurar el derecho a la educación de los hijos e hijas de las personas desaparecidas.

Las becas, apoyos o subsidios que el Gobierno del Estado otorga en materia de educación, se concederán de manera prioritaria según las necesidades de cada familia.

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Educación y demás instituciones educativas, deberá promover e instrumentar acciones específicas y apropiadas para garantizar la mayor protección del derecho a la educación de las personas desaparecidas.

Artículo 11. [Derecho a la salud]

Los familiares de las personas desaparecidas tienen derecho a que el Estado garantice acciones concretas y adecuadas para asegurar el derecho a la salud de los familiares que resulten afectados.

El Gobierno del Estado establecerá acciones y medidas apropiadas para que los familiares puedan acceder de manera prioritaria a los servicios de salud, según las necesidades de cada familia y conforme a los programas que para tal efecto se instrumentan en el Estado.

Artículo 12. [Derecho a la vivienda digna]

Los familiares de las personas desaparecidas tienen derecho a que el Estado garantice medidas apropiadas para asegurar el derecho a la vivienda digna de los familiares afectados con motivo de la desaparición.

El Gobierno del Estado deberá gestionar y tomar las medidas de apoyo urgentes y necesarias conforme a la ley para evitar que los familiares puedan perder arbitrariamente su lugar de vivienda o casa habitación, propia o no, con motivo de situaciones de insolvencia ocasionadas, directa o indirectamente, por la desaparición de su familiar.

Artículo 13. [Otros derechos humanos]

Los familiares de las personas desaparecidas tienen derecho a que el Estado tome medidas apropiadas e instrumentar garantías adecuadas, para asegurar de manera real y efectiva los demás derechos civiles, políticos, sociales, culturales y económicos que resulten vulnerados con motivo de la desaparición forzada.

En todo caso, el Gobierno del Estado deberá remover los obstáculos materiales que impidan el pleno ejercicio y goce de todos los derechos humanos de los familiares de las personas desaparecidas.

Aunque existen apoyos puntuales por parte de la Unidad de Derechos Humanos, el PROFADE aún no funciona como lo dicta el decreto. Al momento de escribir estas líneas aún no se ha presentado el diagnóstico que dará pie a la formalización del Comité Técnico y al Programa propiamente dicho. Finalmente estará por definirse la relación del PROFADE con la Ley de Víctimas del Estado.

La reforma a la Constitución de

Coahuila para prohibir la

desaparición forzada e involuntaria

El decreto 489 publicado el 20 de mayo de 2014, adiciona 5 párrafos al artículo 7 del Capítulo II de los Derechos Humanos y sus Garantías de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, para prohibir la desaparición por agentes del estado o por particulares y establecer obligaciones al estado para la protección y prevención, y garantías judiciales, civiles y de atención para las víctimas. El quinto párrafo que prohíbe la esclavitud, curiosamente ausente hasta ahora en la Constitución del Estado, tiene relación con la desaparición en tanto que el fenómeno en parte respondería al trabajo o reclutamiento forzoso de las personas desparecidas por parte del crimen organizado:

Ninguna persona será sometida a desaparición, sea esta cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen sin la autorización, el apoyo o el consentimiento del Estado.

El Estado tiene la obligación de adoptar todas las medidas apropiadas para proteger a las personas contra las desapariciones.

Las personas desaparecidas y quienes hayan sufrido un prejuicio directo como consecuencia de una desaparición, tienen derecho a una búsqueda inmediata y efectiva, a la localización de la persona desaparecida, a conocer la verdad, a la justicia, a la protección judicial efectiva, y a la reparación integral del daño y a las garantías de no repetición. El Estado garantizará estos derechos.

Las personas desaparecidas tienen derecho a continuar con su personalidad jurídica con el fin de garantizar el ejercicio de todos sus derechos. El Estado adoptará las medidas apropiadas en relación con la situación legal de las personas desaparecidas cuyo paradero no haya sido esclarecido. La Ley establecerá el procedimiento para la declaración de ausencia por desaparición de personas.

Ninguna persona será sometida a cualquier forma de esclavitud, servidumbre o a ejecutar un trabajo forzoso.

Esta reforma a la Constitución del Estado cumple con parte de las recomendaciones del GTDFI y da cobertura al PROFADE, a las reformas al Código Penal y a la Ley de Declaración de Ausencia por Desaparición que veremos más abajo.

En el segundo transitorio se establece que “el Congreso del Estado enviaría al Congreso de la Unión una iniciativa de reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para promover el reconocimiento de los derechos y garantías de las personas desaparecidas conforme a los contenidos similares previstos en este Decreto”.

El tercero transitorio señala que “en los ochenta días siguientes a la entrada en vigor del decreto, se presentará al congreso del Estado la Iniciativa de Carta de Derechos de las Personas Desaparecidas para desarrollar los derechos y garantías bajo los estándares internacionales.”

El cuarto transitorio, indica que “dentro de los ciento sesenta días siguientes a la entrada en vigor del decreto, se presentará la Ley general de Desaparición de Personas en el Estado de Coahuila de Zaragoza conforme a las recomendaciones internacionales de organismos de derechos humanos”.

Más allá de lo que se ha reformado y aprobado a la fecha, persiste una agenda legislativa pendiente que permita armonizar los estándares internacionales con la legislación del estado pero también con la legislación federal sin la que la primera se vea limitada en su garantía.

La ley de declaración de ausencia por desaparición

La iniciativa de Ley de Declaración de Ausencia por Desaparición del gobernador del estado, como las otras iniciativas legales, tuvo la participación activa de las familias de desaparecidos organizadas en FUUNDEC/M, las organizaciones civiles que las acompañan y la Oficina en México de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a través del Grupo Autónomo de Trabajo.

El decreto 490 del mismo día, establece la Ley de Declaración de Ausencia por Desaparición de Personas del Estado de Coahuila de Zaragoza. Esta ley pretende abrir la posibilidad a las familias de acceder al patrimonio a nombre de la persona desparecida, mantener su personalidad jurídica y sus derechos laborales, y suspender las obligaciones financieras contraídas en tanto no se determine su paradero. Su artículo primero señala:

Artículo 1.- La Declaración de Ausencia por Desaparición de Personas tiene por objeto reconocer y garantizar los derechos a la identidad y personalidad jurídica de la víctima sometida a desaparición y otorgar las medidas apropiadas para asegurar la protección más amplia a sus familiares o cualquier persona que tenga una relación afectiva inmediata y cotidiana con la víctima.

Su importancia radica en que anteriormente los familiares de las personas desaparecidas se veían obligados a interponer un juicio de declaración de ausencia y de presunción de muerte para poder acceder a las cuentas bancarias, restructurar hipotecas, etc. Tal era el procedimiento establecido como resultado de los efectos de la revolución mexicana y que sigue vigente hasta nuestros días, no obstante el contexto es distinto.

En tanto que establece obligaciones y responsabilidades a terceros, es una ley de carácter civil:

“(Artículo 3) Transcurrido el término de 30 días (de interpuesta la denuncia), el Ministerio Público evaluará si los hechos denunciados constituyen un acto de desaparición. De ser así, el Ministerio Público presentará la solicitud de Declaración de Ausencia por Desaparición de Personas ante el Juez de Primera Instancia en Materia Civil competente en un plazo no mayor de diez días, solicitando en su caso las medidas urgentes, provisionales o de protección que resulten necesarias para proteger los derechos de las víctimas.” También “(Artículo 1) A falta de disposición expresa en esta ley se aplicará de manera supletoria en todo lo que beneficie y a solicitud de parte interesada las disposiciones del Código Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza.”

De acuerdo con el artículo 10, los efectos civiles que tiene la declaración de Ausencia por Desaparición son:

•Garantizar y asegurar la continuidad de la personalidad jurídica de la persona desaparecida;

•Garantizar la conservación de la patria potestad de la persona desaparecida en relación con los hijos menores bajo el principio del interés superior de la niñez;

•Garantizar la protección del patrimonio de la persona desaparecida, incluyendo los bienes adquiridos a crédito y cuyos plazos de amortización se encuentren vigentes;

•Garantizar la protección de los derechos de la familia y de los hijos menores a percibir los salarios y prestaciones, así como demás derechos humanos de las personas desaparecidas y sus familias;

•Declarar la inexigibilidad temporal de deberes o responsabilidades que la persona desaparecida tenía a su cargo, cuando se ejerciten acciones jurídicas que afecten los intereses o derechos de la persona desparecida.

•Toda medida apropiada que resulte necesaria y útil para salvaguardar los derechos de la persona desaparecida y su círculo familiar o personal afectivo.

•Los demás aplicables en otras figuras de la legislación civil del Estado y que sean solicitados por los sujetos legitimados en la presente ley.

El artículo 14 además dispone para la salvaguarda de derechos adquiridos:

•Se les tendrá en situación de licencia con goce de sueldo hasta que se sean localizadas;

•Si el trabajador es localizado con vida, recuperará su posición, escalafón y derechos de antigüedad;

•Si el trabajador es localizado sin vida, se indemnizará a sus deudos de acuerdo a lo previsto en la legislación aplicable;

•A los beneficiarios del trabajador, en materia de seguridad social, se les reconocerán y conservarán los derechos y beneficios que establece el orden jurídico aplicable;

•Se suspenderán los pagos con motivo del crédito de vivienda hasta en tanto no se localice con vida a la persona.

•Los créditos y prestaciones sociales adquiridos contractualmente por la persona desaparecida, serán ejercidos por la o el cónyuge, los hijos o las hijas, el concubino o concubina de la persona desaparecida o la persona que tenga una relación afectiva inmediata y cotidiana.

•Los demás que determinen las autoridades competentes.

En cuanto a la protección de los derechos de los familiares, el artículo 15 establece: Los beneficiarios del trabajador a que se refiere el artículo anterior continuarán gozando de los beneficios y prestaciones hasta en tanto no se localice a la persona declarada como ausente por desaparición de persona.

Finalmente en lo que respecta a los deberes mercantiles y fiscales, en el artículo 16 se concede como protección a las familias de las personas desaparecidas que: Las obligaciones de carácter mercantil y fiscal a las que se encuentra sujeta la persona declarada como ausente por desaparición de persona, surtirán efectos suspensivos hasta en tanto no sea localizada.

La experiencia dicta que uno de los efectos que tiene la desaparición de personas en sus familias, es el deterioro económico derivado del detrimento en su salud, la falta súbita de ingresos y la búsqueda como actividad preponderante de los familiares. Sin duda esta ley ayuda a hacer frente a esos problemas con un mayor efecto que la ley de víctimas o el PROFADE, dado que, visto desde una perspectiva de reparación, contribuye a restituir derechos primero y detener su deterioro después, tanto a las víctimas directas como indirectas en la esfera de las relaciones entre particulares.

La aparición de la persona declarada ausente dejará sin efecto la declaración de ausencia, de acuerdo al artículo 17.

La declaración de ausencia por desaparición sólo tiene efectos dentro del estado de Coahuila, lo que limita su alcance al no poder hacer valer sus efectos legales en otras entidades como lo hace un acta de nacimiento o de matrimonio. Conscientes de este límite el transitorio tercero de la ley prevé que “(e)l Congreso del Estado presentará ante el Congreso de la Unión una Iniciativa de Ley General o reformas a la Ley General de Víctimas para proponer el reconocimiento de los derechos y garantías de las personas desaparecidas conforme a la figura de ausencia por desaparición que se regula en esta Ley contenida en el presente Decreto.” Este es un esfuerzo que corresponderá al Congreso del Estado en consulta con las asociaciones de víctimas y a organismos civiles de derechos humanos.

ELIDETH FERNÁNDEZ [1]

La reforma al tipo penal de

desaparición de personas en el

Código Penal de Coahuila

El paquete de reformas publicadas el 20 de mayo de 2014 en el periódico oficial incluye la adición de siete artículos en la Sección Séptima: Delitos Cometidos por Autoridades que Lesionan la Libertad, Salud o Seguridad de las Personas, relacionados a delito de la desaparición forzada9:

Artículo 212 bis. Sanciones y figura típica de desaparición forzada de personas.- se aplicara una pena de diez a cuarenta años de prisión y de trescientos a mil días multa, destitución e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión hasta por diez años, al servidor público que con motivo o abusando de sus atribuciones, detenga y mantenga dolosamente oculta a una o varias personas.

Al particular que por orden, autorización o con el apoyo de un servidor público participe en los actos descritos en el párrafo anterior, se le impondrá prisión de doce a treinta años y de ciento cincuenta a quinientos días multa.

Esta definición pretendía ajustarse a los estándares de las definiciones internacionales. En la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas10 la Desaparición Forzada se define como:

(Artículo 2) A los efectos de la presente Convención, se entenderá por “desaparición forzada” el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley.

Por su parte, la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas lo define así:

(Artículo II) Para los efectos de la presente Convención, se considera desaparición forzada la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes.

Los elementos fundamentales de estas definiciones son; que alguna autoridad o un particular por orden, autorización, apoyo o permisividad (aquiescencia) detenga o prive de la libertad y oculte a una persona y no informe sobre su paradero. La definición incluida ahora en el código penal de Coahuila contiene estos elementos pero además, de acuerdo al Artículo 1 de la Constitución mexicana, el delito deberá interpretarse de acuerdo a la Convenciones internacionales y de forma tal que otorgue mayor protección a la persona desaparecida.

Los artículos añadidos señalan agravantes al delito:

(Artículo 212 bis 1) A quien cometa el delito de desaparición forzada de personas, se le incrementará la pena de prisión en una mitad de la que le corresponda, cuando: I. La víctima del delito de desaparición forzada de personas fallezca durante o después del tiempo en que se encuentre privada de la libertad (…); II. Se haya infligido a la víctima grave daño físico o psicológico; III. El sujeto pasivo del delito sea persona con discapacidad, migrante, menor de dieciocho años, mayor de sesenta años, indígena o mujer embarazada, o pertenezca a un grupo especialmente vulnerable; IV. Se cometa con el propósito de ocultar o asegurar la impunidad de otro delito; o V. Se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque.

Este último agravante hace referencia a la definición de Delito de Lesa Humanidad del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional11.

El Artículo 212 bis 2 considera además (s)anciones para quien oculte al infante que nazca durante la desaparición forzada de la madre (…), y (Artículo 212 bis 3).- (s)anciones para quién conociendo el paradero del infante nacido durante la desaparición forzada de la madre no proporcione información para su localización (…).

El Artículo 212 bis 4, prohíbe la amnistía, perdón y otros beneficios que establecen cuando se trate de desaparición forzada de personas; y el Artículo 212 bis 5.- la prohibición de invocar como causas excluyentes del delito de desaparición forzada de personas, la obediencia por razones de jerarquía, las órdenes o instrucciones recibidas por superiores o circunstancias como inseguridad pública, inestabilidad política interna, o cualquier otra emergencia.

Finalmente, el artículo 212 bis 6 contempla sanciones para los servidores públicos que obstruyan la investigación por desaparición forzada de personas.

Es de resaltar la consideración de niñas y niños nacidos durante la desaparición, no obstante el caso constituiría una nueva desaparición, la prohibición de amnistía y demás agravantes incluido el obstaculizar la investigación o negarse a hacerla. Los siete artículos añadidos robustecen el nuevo tipo penal que de aplicarse constituirá una forma de prevención de la desaparición forzada.

Conclusión

La legislación local para la atención de víctimas en el estado de Coahuila12 ha tenido como eje la atención a víctimas de desaparición forzada y sus familias, recuperando los estándares internacionales en la materia. Es en este ámbito donde las familias organizadas han participado activa y generosamente, aunque como señalan su principal demanda es encontrar a sus familiares. Pareciera que para encontrarlos, han tenido que embarcarse en la reforma del estado, como requisito.

Con todo no es suficiente. Las recomendaciones del GTDFI señalan acciones de armonización legislativa, medidas preventivas y de seguridad, derecho a la justicia y a la protección judicial, al derecho a la verdad, a la reparación y la atención a grupos en situación de particular vulnerabilidad. Hoy en Coahuila tenemos una legislación robusta para la atención de las víctimas, incluso para su reparación si ahora consideramos la ley de víctimas del estado junto a la ley de declaración de ausencia por desaparición y el Profade, pero no tenemos garantías para la prevención y la verdad. En la esfera normativa queda pendiente una ley general sobre desaparición forzada que atienda estos vacíos.

Pero no basta la legislación. Se necesita el tránsito hacia una cultura de legalidad donde las leyes se apliquen. El principal problema al que nos encontramos es la falta de resultados en las investigaciones. De acuerdo a declaraciones de funcionarios del estado a las familias, en Coahuila habría alrededor de 2 mil personas desaparecidas, la mayoría entre el año 2007 y el año 2012, pero en este dato puede haber un sub-registro13. A finales del 2013 el Centro Fray Juan de Larios había documentado 433 personas desaparecidas, 324 en Coahuila. De estos, no existe ningún caso en donde se sepa del paradero de los desaparecidos o exista algún procesado por desaparición de personas14. La procuración de justicia necesita pasar ya del sistema inquisitorio a uno garantista y garantizarle su independencia de los intereses políticos.

Más aún, no existen elementos de análisis que nos permita pensar que estamos en una etapa ulterior a la violencia ejercida en los años recientes, sobre todo si se mira la violencia que persiste en el vecino estado de Tamaulipas o Durango, o en el sur del país como Guerrero, Michoacán y el Estado de México. No basta la legislación para la atención de víctimas, ni bastará la reforma al sistema de justicia, se necesitará un amplio acuerdo político de no impunidad y contra la corrupción que permita generar condiciones de no repetición.


1 Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas e Involuntarias. Informe de Misión a México. Doc. ONU A/HRC/19/58/Add.2, de 20 de diciembre de 2011. Una versión del informe publicado por la Oficina en México de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, está disponible en http://hchr.org.mx/files/doctos/Libros/2013/Informe_DesapForz_2aEd_web.pdf
2 Las recomendaciones se engloban en 7 principales aspectos: Recomendaciones generales, Marco Legislativo, Medidas preventivas y de seguridad, Derecho a la justicia y a la protección judicial, Derecho a la verdad, Derecho a la reparación y Grupos en situación de particular vulnerabilidad. Algunas son de carácter federal pero la mayoría son aplicables en el ámbito estatal.
3 Disponible en http://periodico.sfpcoahuila.gob.mx/ (noviembre 2014)
4 Ibíd.
5 El decreto se puede encontrar en el Periódico Oficial del 11 de diciembre de 2013 o en esta liga: http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Estatal/Coahuila/wo89050.pdf (8 nov 2014)
6 Palabras de Fundem en el recibimiento del Premio Tata Vasco 2014 durante el XI Foro de Derechos Humanos del Sistema Universitario Jesuita, en la Ciudad de Puebla, el 17 de octubre de 2014.
7 Transitorio Tercero del Decreto.
8 Decreto del 11 de diciembre de 2013, citado más arriba.
9 Hasta ese momento bajo ese título sólo estaba contemplado el delito de abuso de autoridad (art. 212)
10 México es signatario de la Convención Internacional que entró en vigor el 23 de diciembre de 2010. Se puede consultar en http://www.pgjdf.gob.mx/temas/4-6-1/fuentes/13-A-10.pdf (Noviembre 2014)
11 Artículo 7, párrafo 1 del Estatuto de Roma: “A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por ‘crimen de lesa humanidad’ cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque: (…) i) Desaparición Forzada de Personas. (…).” Disponible en http://www.un.org/spanish/law/icc/statute/spanish/rome_statute(s).pdf (Nov 2014)
12 No obstante la ley para la prevención, protección, atención y asistencia a las víctimas y ofendidos de los delitos en materia de trata de personas del estado de Coahuila de Zaragoza, publicada el 20 de noviembre de 2012, que organiza a municipios e instituciones públicas estatales para proveer de asesoría jurídica y albergue a víctimas de trata pero no reconoce derechos ni contempla reparación. Se puede consultar en http://www.congresocoahuila.gob.mx/archive/leyesestatalescoahuila/Leyes_Estatales_Coahuila.htm (Noviembre de 2014)
13 De mil seiscientos registros se disparó a poco más de dos mil a raíz de la ley de declaración de ausencia por desaparición. Este número puede elevarse con el paso del tiempo, una vez que no haya temor ni desconfianza en las instituciones de procuración de justicia.
14 Hay procesos abiertos y algunas sentencias por secuestro o privación ilegal de la libertad pero no por desaparición forzada.