Por Roberto Villanueva Guzmán y Jaime Luis Brito

El 24 de mayo de 2013, Oliver Wenceslao Navarrete Hernández, comerciante de 31 años de edad, fue privado de su libertad por un grupo de hombres armados en la colonia Ampliación Tepepa, del Municipio de Cuautla, Morelos, ubicado en el centro del país, a tan sólo unos 100 km de la capital mexicana.

El 3 de junio de 2013, Oliver fue encontrado sin vida, en el municipio vecino de Ayala, con signos de tortura y disparos de arma de fuego. Al ser notificada la familia, su madre; María Concepción Hernández y su tía Amalia Hernández, se trasladaron a las oficinas de Servicios Periciales del Estado de Morelos para identificar el cadáver y comenzar con los preparativos funerarios, acordes a sus tradiciones y creencias; sin embargo, se les negó la entrega del cuerpo de Oliver, argumentando la necesidad de llevar a cabo una identificación genética debido a las condiciones en las que éste se encontraba, a pesar de que la familia lo había identificado plenamente por la ropa que portaba, posteriormente a través de sus huellas digitales y además por características identitarias.

Al paso de los días, la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos (PGJEM) informó a la familia que no contaba con personal para realizar los estudios científicos necesarios, y que por ello no era posible entregarles a Oliver, asimismo, no existía una línea de investigación clara y no se tenía ningún detenido por la privación de la libertad y posterior asesinato.

Tras observar la dilación de la PGJEM, María y Amalia ofrecieron hacer todo lo necesario para conseguir el personal y los insumos médicos necesarios para cotejar la muestra de ADN del cuerpo de Oliver con los proporcionados por sus padres, por lo que la PGJEM le solicitó a María Concepción llevar las muestras junto con personal de la PGJEM a la Fiscalía del estado de Guerrero, con la finalidad de agilizar la identificación. María y Amalia, cubrieron los gastos de transportación y acudieron personalmente a la Fiscalía de Guerrero.

El 24 de junio de 2013, los resultados de las pruebas científicas de identificación dieron positivo, ambas muestras tuvieron una compatibilidad de más del 99%, por lo que desde aquel día se tuvo la certeza científica de que el cuerpo encontrado el 3 de junio de 2014 era el de Oliver Wenceslao. A pesar de ello, Liliana Guevara Monroy, en ese momento Subprocuradora de la Zona Oriente del Estado de Morelos, le informó a la familia que aún no podían entregarles a Oliver, pues faltaban peritajes por hacer. Los sucesos antes descritos y ésta última negativa dieron inicio a un proceso de revictimización, que intensificó los sufrimientos de la familia Navarrete Hernández, principalmente los de María; y de “Emi” y “Max”, nombres de los pequeños hijos de Oliver.

Pasaron semanas, luego meses, y la respuesta de la PGJEM seguía siendo la misma, el cuerpo no era entregado por que seguían haciendo falta más peritajes y de entregarlo a la familia, se podría entorpecer la investigación. No obstante, ahora se sabe que dichos peritajes eran innecesarios e inexistentes y por tanto no existía ninguna razón para seguir reteniendo el cuerpo de Oliver.

A pesar de que María y Amalia acudían de manera regular a pedir informes de los avances y las diligencias en la investigación, las autoridades les informaban que el cuerpo del joven comerciante se encontraba en las cámaras de refrigeración del Servicio Médico Forense de Cuautla, dependiente de la PGJEM.

El 28 de marzo de 2014, diez meses después del asesinato de Oliver Wenceslao, la Fiscalía General de Morelos (un día antes, por decreto, la PGJEM dejó de existir para convertirse en Fiscalía General) ordenó la inhumación de todos los cuerpos que se encontraban en las cámaras frigoríficas de los servicios médicos forenses de la ciudades de Cuernavaca y Cuautla (el número de cuerpos será discutido más adelante); ésta acción fue ordenada y operada por Ana Lilia Guerrero Moreira, entonces directora de Servicios Periciales.

El lugar elegido para trasladar y depositar los cuerpos fue el predio El Maguey, ubicado en la comunidad de Tetelcingo, en el municipio de Cuautla, el cual funcionaba como panteón de manera ilegal, pues no contaba con una concesión para su funcionamiento y no cumplía con los requisitos de ley. En ese predio, alrededor de 150 cuerpos fueron inhumados en una fosa de 3 metros de ancho, por 6 de largo y 4 de profundidad, carente de un correcto manejo de los cuerpos y un trato adecuado a los familiares1.

Como dato complementario cabe mencionar que el mismo día en que inhumaban ilegalmente a Oliver y más de 110 cuerpos, el gobernador del estado de Morelos, Graco Ramírez Abreu, conmemoraba por primera vez el “28 de marzo Día Estatal de las Víctimas”, establecido en la Ley, también ofreció una disculpa pública a todas las víctimas del estado y se comprometió a construir un Memorial de las Víctimas de Morelos, para garantizar su derecho a la memoria (hasta la fecha no se ha construido).

Mi hijo era tan noble, que se quedó hasta el fondo para cargarlos a todos

Después de diversas reuniones con la FGE e incluso una reunión informal con el gobernador del estado, el cuerpo de Oliver permanecía en la fosa y no existía ninguna respuesta acerca del día en que María iba a recuperar el cuerpo de Oliver. Fue hasta noviembre de 2014 que un funcionario público de la misma FGE se puso en sus zapatos y les comunicó extra oficialmente a María y Amalia que el cuerpo de su hijo y sobrino había sido inhumado en una fosa, pero que no podían mencionar quien les había dado la información por miedo a represalias.

Inmediatamente después de enterarse de este suceso, exigieron que se les informara acerca de la existencia de esta fosa, al verse descubiertos, el 4 de diciembre de 2014, el fiscal de la zona oriente, José Manuel Serrano Salmerón, notificó oficialmente que el cuerpo de Oliver se encontraba en la fosa clandestina de Tetelcingo.

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Fotografía de Prensa UAEM

Por la presión de la familia Navarrete Hernández, la FGE programó la exhumación del cuerpo de Oliver para el 5 de diciembre, pero se negaron a que María y Amalia estuvieran presentes en el procedimiento, argumentando que la FGE no les podía proporcionar el equipo y vestuario necesario y podían poner en riesgo su salud, sin embargo, la madre y tía de Oliver pidieron la lista del material que necesitaban para acompañar la diligencia y, al día siguiente, compraron todo lo necesario efectuando un gasto de aproximadamente diez mil pesos.

Al llegar el día, María y Amalia acudieron al lugar donde la FGE les había indicado para verse y acudir juntos a la fosa, al llegar, los peritos les informaron que no podría realizarse la diligencia por que no contaban con escalera. Indignadas, discutieron con el personal de la FGE y exigieron que no se cancelara la exhumación y ofrecieron regresar a su domicilio para traer las escaleras que hicieran falta, la FGE aceptó.

Cuando María y Amalia regresaron, los peritos ya no estaban, incumpliendo con el acuerdo de que las esperarían hasta que regresaran con las escaleras, esto no las detuvo e indagando con diversas personas de la comunidad de Tetelcingo dieron con el lugar donde se encontraba el panteón irregular. Al llegar, la FGE se sorprendió por la presencia de las hermanas Hernández y notablemente nerviosos les ofrecieron una disculpa por no esperarlas pero no les dieron ninguna razón del por qué.

Los peritos ya habían iniciado con la exhumación, la tierra que cubría los cuerpos estaba siendo removida con una retroexcavadora, además de que observaron cómo sólo algunos de los peritos estaban utilizando la vestimenta que les exigieron utilizar, por lo que María y Amalia se negaron a usar el equipo, además de darse cuenta que las peticiones del uso de un traje especial y las escaleras sólo eran pretextos para que las hermanas Hernández no estuvieran presentes en la exhumación.

Por obvias razones, María y Amalia no tenían ningún tipo de confianza en la FGE, las constantes mentiras, omisiones y comisiones de tratos inhumanos y degradantes, les hicieron llevar consigo un equipo de video para grabar toda la diligencia. Los peritos les exigieron dejar de grabar amenazándolas que estaban cometiendo un delito, al saber que este argumento no era procedente, las hermanas Hernández recabaron la exhumación.

En el video se observa como personal de la dirección de servicios periciales fueron sacando los cuerpos y como los iban colocando en tablas de madera que hacían las veces de camillas improvisadas y luego eran embalados con plástico. La separación de cada cama de cuerpos estaba separada por una delgada capa de tierra, algunos de los restos embalados contenían una botella de plástico PET, donde, según el Fiscal General del Estado, contienen un papel con un número de identificación, sin embargo, de acuerdo al testimonio de María y Amalia una buena parte de los cuerpos carecía de ella.

Las imágenes dan muestra de cómo la FGE no tenía idea del lugar exacto donde se encontraba Oliver, por lo que tuvieron que sacar todos los cuerpos de la pequeña fosa, muchas veces apoyándose en la retroexcavadora para facilitar el trabajo pero sin tener ninguna consideración con los cuerpos, la forma en la que los sacaron dificultará los futuros procesos de identificación de lo que les pasó, posibles delitos y violaciones a derechos humanos que pudieron haber ocurrido a éstas personas cuando se encontraban con vida. María y Amalia contaron 150 bolsas con restos humanos, no por ello quiere decir que se trata de 150 personas, podrían ser menos o más, sólo abriendo el contenido de las bolsas e identificando cada una de las partes, podremos saber de cuantas personas se encuentran inhumadas.

Por si este relato no le parece indignante, algo que llamó la atención de las hermanas Hernández fue que en el transcurso de la diligencia (la cual sólo consistía en exhumar el cuerpo de Oliver), una de las bolsas llamó la atención de los trabajadores de la FGE y, con asombro, manifestaron haber encontrado “el cuerpo de la maestra” y que, de una vez, sacarían el cuerpo para regresarlo a la Fiscalía. De acuerdo a Amalia, se trata de una maestra del municipio de Cuautla quien fue secuestrada y posteriormente asesinada en el mismo año que Oliver, a pesar de estar identificada también la trasladaron a la fosa, por si faltara algo más para darnos cuenta de las acciones criminales e inhumanas realizadas a las familias de las víctimas y a los cuerpos inhumados ilegalmente en la comunidad de Tetelcingo.

Oliver se encontraba en la última cama de cuerpos, para su madre esto no fue una coincidencia, en palabras de María: “Mi hijo era tan noble, que se quedó hasta el fondo para cargarlos a todos” y, “en ese momento escuche a mi hijo decirme: Mamá, a ellos también los están buscando, ayúdalos a que regresen con sus familias”. Al igual que María y Amalia, tampoco podemos concebir que en un país donde existen al menos 26,000 personas desaparecidas y en una nación donde existen decenas de colectivos de madres y padres buscando a sus hijos, existan 150 bolsas con restos humanos, más 100 cuerpos en las cámaras frigoríficas de la FGE y, los 68 cuerpos de la otra “fosa común” de la FGE, sean personas que nadie los está buscando. Si volvemos a exhumar los cuerpos y los confrontamos con una nueva base de datos construida a partir de ADN de familiares de víctimas de desaparición de todo el país, encontraremos a muchas y muchos de nuestros desaparecidos.

María y Amalia continuaron buscando verdad y justicia, presentaron una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos e investigaron los hechos para conocer quiénes fueron los responsables de la inhumación clandestina, esta vez no sólo buscando la justicia para Oliver, sino también para ayudar a que las personas que se encuentran en la fosa de Tetelcingo puedan regresar con sus familias. Durante meses acudieron a la FGE para denunciar los hechos, pero no les hicieron caso ni se abrió una averiguación por lo sucedido, tampoco había ningún detenido o una línea de investigación clara por el secuestro y homicidio de Oliver, incluso la familia ha sido objeto de amenazas veladas de funcionarios o abiertas de parte de individuos sin identificarse, quienes han exigido a la familia “ya no moverle o se los carga la verga”.

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Fotografía de Prensa UAEM

La UAEM acompaña a las víctimas y sus familiares

Fue hasta finales de septiembre de 2015 que tuvimos el primer contacto con Amalia y María, a pesar de su largo caminar, el caso no había trascendido en medios y la mayoría de las personas que habitamos en Morelos desconocíamos el caso. El encuentro se dio gracias a la intervención de Jaime Luis Brito (periodista y en ese tiempo Director de Servicio Social de la UAEM), quien recientemente había conocido del caso y que gracias a él volvía a estar presente en medios de comunicación. Al enterarnos de lo sucedido, Javier Sicilia, nuestro Rector el Dr. Jesús Alejandro Vera Jiménez y nuestro equipo del Programa de Atención a Víctimas, nos dimos a la tarea de documentar el caso y ofrecer acompañamiento jurídico y al proceso no jurisdiccional, además de denunciar públicamente lo sucedido.

En pocos días el caso de Oliver acaparó la mayoría de medios de comunicación locales y reveló a la sociedad morelense que la FGE carece de protocolos para el trato digno de los cuerpos que están bajo su custodia, además del ejercicio de prácticas dilatorias para obstruir la justicia y ocultar información a quienes buscan a sus familiares. Asimismo, dio cuenta de cómo la CDHEM no dio seguimiento a la queja hasta que el caso se difundió en los medios, y sobre todo, la negligencia por parte del estado en base a la procuración de justicia y de cómo no hace los esfuerzos necesarios para localizar a los parientes inmediatos de las víctimas.

Por estas razones, el 12 de noviembre de 2015, la UAEM y su Programa de Atención a Víctimas, acompañadas de colectivos de familiares de víctimas2, organizaciones defensoras de derechos humanos3, así como personas defensoras de derechos humanos y académicos4, publicaron un desplegado a nivel nacional que solicitaba al gobernador Graco Ramírez y al Fiscal General Javier Pérez, responder públicamente a la sociedad civil las siguientes preguntas:

1.- ¿Por qué abrir fosas en predios que no cuentan con los servicios básicos establecidos por la legislación en la materia? ¿No existe ya una fosa común en Cuernavaca para la inhumación de cuerpos que no son identificados o reclamados?

2.- De acuerdo con la familia y los abogados de Oliver Wenceslao Navarrete Hernández, los cuerpos no tenían documentos de identificación, ni siquiera el número de carpeta de investigación respectiva, ¿Por qué? ¿Qué se quiere ocultar al etiquetar hasta ahora los cuerpos?

3.- ¿Por qué la familia contabilizó 150 cuerpos, mientras que ustedes hablan de 105 y ahora de 103 porque afirman que ya fueron entregados dos cuerpos a sus familiares? ¿Por qué hasta ahora se entregan dos cuerpos de los que ya existían carpetas de investigación?

4.- ¿Por qué el cuerpo de Oliver Wenceslao fue arrojado a una fosa común a pesar de estar plenamente identificado por sus familiares y custodiado por la Fiscalía?

5.- Poner las carpetas de investigación a disposición del público ¿incluye la posibilidad de que los familiares de personas desaparecidas puedan realizar estudios para verificar que sean o no las víctimas?

6.- El gobierno del estado ¿no tiene suficiente capacidad para evitar la proliferación de fosas clandestinas o en lugares que no cumplen con las especificaciones jurídicas y de salud?

7.- ¿Por qué dadas las condiciones de desaparición en el país no se hicieron las pruebas correspondientes, entre otras las de ADN?

Junto con las respuestas, los abajo firmantes exigimos también:

1.- Investigar a fondo las irregularidades a la brevedad respecto a esas fosas clandestinas e ilegales y presentar públicamente las conclusiones correspondientes.

2.- Establecer el deslinde de responsabilidades de los involucrados en este caso. Consideramos que las actuaciones de la Fiscalía del Estado fueron revictimizantes y presumimos incluso que el hecho puede configurarse en un crimen de lesa humanidad.

3.- Hacer cumplir, tal y como lo mandata la Ley General de Víctimas, el derecho de las familias de desaparecidos -83 personas en el estado de Morelos en los últimos dos años, según diversos reportes de organizaciones civiles, así como las más de 26 mil en todo el país- a realizar las pruebas necesarias para comprobar si los cuerpos corresponden o no a sus familiares desaparecidos.

4.- Para ello, es necesario, más allá de la apertura de las carpetas de investigación, reabrir las fosas y establecer el número de cuerpos que contienen, además de que un grupo de peritos independientes coordinados por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos realicen las pruebas necesarias para determinar su procedencia.

5.- Que los ayuntamientos, el de Cuautla en primer término, identifiquen las fosas que dentro de su territorio se encuentren fuera de la Ley, pues está claro que no existe tal identificación. Las autoridades municipales de Cuautla fueron las últimas en conocer del caso de estas fosas.

6.- El gobierno del estado debe establecer un diálogo activo y público con los familiares de las víctimas de desaparición y de los demás delitos, así como con organizaciones y colectivos que las acompañan, para crear estrategias y acciones concretas de respuesta a sus demandas.

7.- Debe, además, promover en el Congreso del estado una reforma que dote de la autonomía necesaria a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Delito y Violaciones a los Derechos Humanos, para que pueda realizar su trabajo de reparación del daño y de acompañamiento psicosocial.

Fotografía de Prensa UAEM

Fotografía de Prensa UAEM

 

A raíz del comunicado, colectivos de víctimas y defensores de derechos humanos, sostuvimos una reunión con el Secretario de Gobierno del Estado de Morelos, Matías Quiroz Medina, en la cual a pesar de conocer los motivos de la reunión mediante el desplegado antes mencionado y entregado un oficio con el mismo contenido, el Fiscal General del estado no se presentó, debiéndose retrasar la reunión por más de 1 hora hasta que finalmente llegó.

Después de más de tres horas de discusión con el Secretario de Gobierno y el Fiscal General, se toman acuerdos pero sin que quedara constancia de los mismos pues se negaron a firmar la minuta correspondiente. Nos dejaron esperando por más de cuatro horas, pero simplemente no vuelven a acudir a la reunión, es decir, se desaparecen.

Una de las demandas fundamentales de las víctimas era que el gobierno del estado aceptara la intervención de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, para investigar las condiciones en las que fueron inhumados en esas fosas clandestinas los cuerpos encontrados y determinar el estatus en el que se encontraban las carpetas respectivas. Sin embargo, el gobierno se negó en todo momento a aceptar nuestro derecho de contar con la asistencia de la UAEM para que coadyuvara en las investigaciones con las autoridades estatales. Para responder a la petición de asistencia científica, la UAEM a través del Programa de Atención a Víctimas creó en noviembre de 2016, la Comisión Científica de Identificación Humana5, encabezada por el Dr. Iván Martínez Duncker, Director del Centro de Investigación en Dinámica Celular de la UAEM.

Posterior a esta reunión, el Fiscal General del Estado ha comparecido en dos ocasiones ante el Congreso del Estado de Morelos, aceptando que al menos 11 de los cuerpos no cuentan con ningún tipo de documentación ni averiguaciones previas, es decir, no saben cómo llegaron los cuerpos a la fosa, asimismo ha informado que “41 cuerpos se identificaron por muestras genéticas, 13 por medio de los registros AFIS y siete con ayuda de testigos; la suma de ellos da 61 cadáveres identificados”6, cabe mencionar que la identificación testimonial carece de rigor científico. En caso de que hubiera sólo 116 cuerpos como lo ha informado la FGE, estamos hablando de que 57 cuerpos no cuentan con un perfil genético.

Por otro lado, si el caso no hubiera trascendido a medios nacionales e internacionales, la FGE no hubiera abierto ninguna averiguación previa para fincar responsabilidades de carácter administrativo y judicial en contra de los presuntos responsables de la inhumación ilegal. Asimismo, la FGE subió las muestras genéticas recabadas a algunos de los cuerpos de la fosa de Tetelcingo a la base de datos CODIS casi dos años después de haber inhumado los cuerpos y casi cinco años después de haber tomado la primera muestra.

Como parte de la investigación por parte de la FGE el Coordinador Regional de Servicios Periciales en la Fiscalía Oriente, Gerson Cervantes Gurrea y la ex directora de Servicios Periciales, Ana Lilia Guerrero, fueron vinculados a proceso por el delito de mal procedimiento en inhumación y exhumación de cuerpos.

En la audiencia de vinculación a proceso del 16 de febrero de 2016, Amalia Hernández exhortó a la FGE a agilizar las investigaciones, “Nosotros lo dijimos desde un inicio queremos que esto sea un parte aguas, que sea un antes y un después. Las autoridades están acostumbradas que nos quedemos callados y que nos queremos con nuestros dolor, pues de ahora en adelante que entiendan los servidores públicos que también tendrán castigo por las omisiones que cometan en contra de la sociedad”.

María y Amalia continúan buscando la justicia por el secuestro y asesinato de Oliver, así como por las actuaciones criminales de las autoridades del Gobierno del Estado de Morelos, además, han convertido su dolor en causa y junto con el Programa de Atención a Víctimas de la UAEM, no descansaremos hasta llegar a la verdad de los hechos y dar certeza a las familias de las víctimas del estado y del país, de que en la fosa clandestina de Tetelcingo no se encuentra ninguno de sus seres queridos.

El caso de Oliver, junto con los otros 149 cuerpos que fueron depositados en las fosas clandestinas de la Fiscalía, en Tetelcingo, son casos paradigmáticos, pero no los únicos ni los peores. Según datos oficiales, son más de 27 mil personas desaparecidas y casi 200 mil de asesinadas en el contexto de la guerra contra las drogas. Son una muestra de la barbarie que atraviesa el país y en la que las autoridades están involucradas y son responsables, sea por omisión, por acción directa o por complicidad


1 El Comité Internacional de la Cruz Roja recomienda, aún en situaciones de desastre, que los cadáveres sin identificación se coloquen en una sola capa y no uno sobre otros, además de que exista una distancia de 0,4 m entre cuerpo y cuerpo, con el objetivo de preservar las evidencias para futuras investigaciones forenses.
2 Asociación Unidos por los Desaparecidos de Baja California (Baja California); Colectivo Colibrí (Distrito Federal); Colectivo por la Paz, Xalapa (Veracruz); Comité de Familiares y Amigos Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados en Guerrero (Guerrero); Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos de El Salvador (El Salvador); Deudos y Defensores por la Dignidad de Nuestros Desaparecidos (Estado de México); El Solecito de Veracruz (Veracruz); Familiares de Orizaba y Córdoba (Veracruz); Familiares en Búsqueda María Herrera, A.C (Distrito Federal y Michoacán); Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco (Jalisco); Frente de Víctimas del Estado de Morelos (Morelos); Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (Coahuila); Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México; Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León (Nuevo León); Justicia para Nuestras Hijas (Chihuahua); Los Otros Desaparecidos de Iguala (Guerrero); Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad; Red de Enlaces Nacionales; Víctimas y Ofendidos del Estado de Morelos, A.C. (Morelos) y Voces Unidas por la Vida (Sinaloa).
3 Bordados por la Paz; Cauce Ciudadano A.C.; Centro de Capacitación y Defensa de Derechos Humanos e Indígenas (Chihuahua); Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios A.C. (Coahuila); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte; Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolome Carrasco Briseño” A.C. (Oaxaca); Colectivo Las Alamedas; Colectivo de Organizaciones Michoacanas Pro Derechos Humanos, A.C; Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (Baja California); El Grito Más Fuerte; Escuela Latinoamericana de Actoría Social Juvenil; Fundación para la Democracia -Alternativa y Debate – A.C.; Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, A.C.; Instituto para la Seguridad y la Democracia A.C.; Jóvenes Ante la Emergencia Nacional; La Alameda Morelos; Nuestra Aparente Rendición; Movimiento de Liberación Nacional; Red Retoño de Prevención Social de la Delincuencia Organizada; Ririki Intervención Social.; Servicios y Asesoría para la Paz, A.C.; Taller de Desarrollo Comunitario A.C. (Guerrero); Zacatecanos por la Paz.
4  P. Alejandro Solalinde; Andrés Barreda Marín; Cecilia Soler, Enlaces Nacionales; Carlos Cruz, Cauce Ciudadano A.C.; Daniel Gershenson Shapiro, Alarbo A.C.; Daniel Giménez Cacho, actor, Colectivo el Grito Más Fuerte; Dra. Carolina Robledo Silvestre, catedrática CONACYT-CIESAS D.F.; Dr. Daniel Vázquez, Profesor-Investigador de FLACSO-México; Erika Llanos Hernández, Cauce Ciudadano; Gilberto López y Rivas; Gustavo Esteva Figueroa; Hna. Consuelo Morales Elizondo; Mtro. Iván García Gárate, Profesor de la Universidad del Claustro de Sor Juana; Jacobo Dayán, consultor en derechos humanos y en políticas de memoria; Dr. José Antonio Guevara Bermudez, Director Ejecutivo, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos; Laura Impereale, cineasta y productora; Magdiel Sánchez Quiroz, Constituyente Ciudadana; Fray Miguel Concha Malo, Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria; Mtro. Michael W. Chamberlin, Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas; Mtro. Pablo Romo Cedano, Presidente del Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas; Fray Raúl Vera López; Roberto Villanueva Guzmán, Director de Atención a Víctimas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos; Dra. Sandra J. Ley Gutiérrez, Profesora Visitante del Centro de Investigaciones y Docencia Económicas CIDE; Dr. Sergio Aguayo Quezada, Profesor Investigador del Colegio de México/Harvard University; Mtro. Silvano Cantú, defensor de derechos humanos; Sophie Alexander-Katz, actriz, Colectivo el Grito Más Fuerte; Víctor García Zapata, Fundación para la Democracia A.C.; Mtra. Ximena Andión Ibáñez, Presidenta de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.
5 Boletín No. 1020, Universidad Autónoma del Estado de Morelos.
6 Boletín 07/2016, Fiscalía General del Estado de Morelos.